Porqué decimos que las batidas son ilegales

Miércoles 11 de mayo de 2011, de Red Juvenil Medellin

ANÁLISIS - Encuentre aquí un análisis jurídico y político sobre la ilegalidad de las denominadas "batidas", calificadas en 2008 como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas. ¿Cuál podría ser el argumento para estas privaciones de la libertad? se pregunta la Red Juvenil y el colectivo Quinto Mandamiento. La respuesta es que en ningún caso el incumplimiento de la obligación de la prestación del servicio militar configura un delito; es una falta, que tiene las sanciones pecuniarias expresas en la misma ley 48.

La ley 48 de 1993 [1] de 1991, entre otros. ha sido más o menos clara en estipular la forma como debe de hacerse el reclutamiento por parte de las fuerzas militares para que los jóvenes presten el servicio militar obligatorio; para ello, ha desarrollado un procedimiento de carácter administrativo que habla de la forma como este debe de adelantarse.

En el escenario práctico y jurídico, este procedimiento es objeto de múltiples observaciones por parte de la población juvenil que ve de manera flagrante como son inobservadas las reglamentaciones que presenta esta ley y sus desarrollos posteriores por parte de la fuerza publica, además que el procedimiento en si mismo es violatorio de los principios y garantías del debido proceso.

Son permanentes, por ejemplo, las manifestaciones practicas de jóvenes que mencionan como los exámenes médicos no son tenidos en cuenta al momento del reclutamiento, se les retienen la cedulas para que tengan que dirigirse a las instalaciones militares, los permanentes aplazamientos de la que son objeto incluso por periodos superiores a un año. [2]

Además de ello, las vulneraciones de tipo constitucional que se presentan en este procedimiento también son evidentes, pues como tramite administrativo debe de someterse a los principios de contradicción, debido proceso, garantías de los términos, prevalencia de los derechos fundamentales, asuntos que están en tela de juicio en algunos casos específicos.

Sin embargo, en esta ocasión solo queremos hacer mención de una práctica que cada vez se presenta con más cotidianidad en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas; y son las que se relacionan con las llamadas batidas o redadas.

EL PROBLEMA LEGAL A DISCUTIR:

En este caso específico de las llamadas batidas o redadas el debate ha surgido por el siguiente elemento:

El artículo 14 de la ley de reclutamiento cita: Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley.

Precisamente el debate se ha centrado en el concepto de COMPELER, pues ha sido este el verbo utilizado por los militares en las calles para argumentar que las batidas son validas. Para ello veamos los dos siguientes desarrollos conceptuales:

Definamos que es una redada o batida: es en el caso de las fuerzas militares en el escenario del reclutamiento, cuando militares salen a las calles con camiones a pedir libretas militares a todos los jóvenes que encuentran, y los que no la tienen son retenidos y trasladados a Batallones e incorporados a las filas para prestar su servicio obligatorio.

Definamos que significa compeler: a continuación se presentan algunos significados.

  • Según el diccionario de antónimos y sinónimos de Espasa compeler o compelir significa: tr. Obligar a uno a que haga lo que no quiere mediante fuerza o intimidación: el juez los compelió a pagar su deuda.
  • Según www.elpais.com. Consultada el 12 de enero del 2010, significa: obligar, impulsar, apremiar, coaccionar, conminar, constreñir, estimular, forzar, incitar, exigir; Del Latín compellere, de cum, con, y pellere, arrojar. Como verbo transitivo: Obligar a una persona, por la fuerza o la autoridad, a que haga algo.

La pregunta rectora analizando estas dos definiciones es ¿la fuerza pública esta facultada para compeler a los jóvenes que no han cumplido con la obligación legal de prestar el servicio militar? La respuesta según el articulo seria que efectivamente lo pueden hacer; la pregunta a seguir es ¿pueden detenerlos y trasladarlos ha una guarnición militar para que cumplan su obligación; y además hacerlo mediante redadas?, ¿el termino compeler faculta para que la fuerza publica pueda tener funciones judiciales y adelantar privaciones de la libertad?

Para poder contestar estas preguntas es necesario interpretar el concepto de compeler dado que termina siendo bastante amplio; y al momento de hacerlo debe ajustarse a los derechos fundamentales, los principios y garantías constitucionales y la misma ley 48; no podría hacerse en ningún caso interpretaciones literales. [3]

Miremos como son dos aspectos que es necesario analizar y relacionar de manera separada, por un lado el tema de las redadas o batidas y por otro el de la facultad de compeler por las fuerzas militares; a continuación hacemos un breve desarrollo de ambas.

LAS REDADAS O BATIDAS.

Ya definimos lo que son las batidas o redadas o por lo menos la forma como serán entendidas para el caso que se estudia aquí; la pregunta a plantear entonces es ¿Están las fuerzas militares facultadas para hacerlas? Al respecto miremos lo que han dicho algunos funcionarios del Ejército Nacional, que son los competentes para adelantar el trámite de reclutamiento:

En una entrevista que se transcribe a continuación el Coronel Bohórquez de la Cuarta Brigada de Medellín, en artículo publicado el 21 de octubre del 2005 a raíz de las Batidas que para ese momento se presentaban en la ciudad de Medellín citó lo siguiente:
¿Por qué volver a las batidas?
Yo bien puedo no hacerlo, no necesito.
Muy seguramente la persona
que se trae obligada no va a prestar su servicio militar porque no es voluntaria.
¿pero ya hay una inquietud en la ciudad?
Esa preocupación usted me la esta manifestando, no es generalizada.
La invitación es a que se acerquen y aprovechen las amnistías. La
verdad es que las redadas como usted las llama no deben hacerse.
¿Entonces quien responde? ¿Cuál es la directriz de la oficina de reclutamiento?
La verdad es que las redadas como usted las llama, no deben
hacerse.
Esta bien que nosotros verifiquemos los documentos y citemos
la gente al distrito, allá deben llegar. Pero el hecho de cogerlos no es correcto (negrilla fuera del texto).

El 16 de junio de 2008, en respuesta de un derecho de petición presentado por la Red Juvenil de Medellín a la cuarta zona de reclutamiento y contestada por el mayor EDGAR BELLO PEDRAZA, encargado de esa dependencia; citó textualmente:

“ como es de su conocimiento (refiriéndose al remitente), la fuerza publica, que la integra tanto la policía nacional como las fuerzas militares, tienen la facultad, competencia y además la obligación de prestarle seguridad a los ciudadanos; por lo anterior los batallones bajo estas facultades, NO HACEN REDADAS O BATIDAS o actos de reclutamiento, sino verificación de documentos. (…). Si ustedes son conocedores de algún batallón que esta desarrollando estas actividades de manera ilegal, pueden dirigir su petición a ese batallón.”

El 18 de diciembre del 2008, en respuesta a derecho de petición presentado por la Red Juvenil de Medellín, y contestada por el subdirector de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, Coronel José Mauricio Aguirre Sánchez, desde Bogota, menciono lo siguiente:

…De conformidad con su petición y de conocimiento por la dirección de reclutamiento del día 15 de diciembre del presente año, me permito informarle que de acuerdo a sus peticiones no es posible darle un sustento legal de lo que usted denomina redada o batida puesto que no son actividades llevadas a cabo por miembros del ejercito nacional” y posteriormente cita que se limitan para el reclutamiento a lo que menciona la ley 48 de 1993.

En el ámbito Internacional [4] frente a las practicas de las batidas por el Ejercito colombiano; el Grupo de estudio en detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, y de la cual el Estado Colombiano es parte; en OPINION No.8/2008 dirigida al gobierno de Colombia el 5 de octubre de 2007, y en estudio de tres casos que se presentaron sobre reclutamiento en estas circunstancias en territorio colombiano, específicamente en Medellín y Barrancabermeja pronuncio lo siguiente:

El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en varios casos, el que aplica al tema de estudio es el siguiente:

(…) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable)(categoría I); (…)

Los tres casos que estudia son los siguientes, de los cuales se transcriben los hechos:

5. Según las informaciones recibidas, el Sr. Frank Yair Estrada Marín fue detenido en mayo de 2007 por miembros del ejército, quienes le condujero a un cuartel con el objeto de practicarle exámenes médicos para determinar su aptitud para el servicio militar. Luego de dichos exámenes fue inmediata y forzosamente reclutado para prestar servicio militar pese a que allegó formalmente ser un objetor de conciencia y ser opuesto a portar el uniforme militar y a combatir al lado de las fuerzas armadas o de cualquier otra parte en un conflicto. Actualmente presta servicio en el Batallón Pedro Justo Berrio.

6. El Sr. Carlos Andrés Giraldo Hincapié fue detenido en agosto de 2006 y forzosamente reclutado por el ejército. No se prestó atención a sus alegaciones de ser un objetor de conciencia y se le ha obligado a participar en acciones militares en Puerto Cayumba, incluyendo operaciones contra la guerrilla. Se encuentra en la Base Militar de Casabe adscrita al Batallón Plan Energético y Vial 7 de Barrancabermeja.

7. El Sr. Alejandro de Jesús González Duque fue detenido el 8 de abril de 2007 cuando se dirigía a la ciudad de Medellín. Soldados del Batallón de Puerto Erró le hicieron descender del vehículo en que se desplazaba y le pidieron mostrar su libreta militar. El señor González Duque les explicó que carecía de dicho documento puesto que su situación militar recién sería determinada en diciembre de 2007, fecha en que el ejército convoca a los jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato. Sin embargo, fue detenido y conducido al Batallón Pedro Justo Berrio y reclutado forzosamente habiendo debido abandonar su trabajo y sus estudios.

Con respecto a los comentarios que plantea el grupo de estudio sobre cada caso específico se mencionan los siguientes:

(…) Así y en lo que se refiere al joven Estrada Marín, la información facilitada por el Gobierno no rechaza que este joven fuera detenido por las autoridades militares con el objeto de determinar su aptitud médica para el servicio militar ni que firmase un documento, sin leerlo, en el que declaraba bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causas de exención del servicio militar previstas en el artículo 28 de la Ley 48 de 1993. El Grupo de Trabajo puede así concluir que esta persona fue privada de su libertad contra su voluntad, detenida e incorporada a las filas del Batallón de Infantería No. 32 del Ejército Nacional a pesar de haber manifestado expresamente ser un objetor de conciencia. (…)

16. Por lo que se refiere al Sr. González Duque, tanto el Gobierno como la fuente coinciden en que este joven fue también detenido y privado de su libertad el 8 de abril de 2007, siendo puesto en libertad el 12 de abril y finalmente convocado para determinar su situación militar el 4 de diciembre de 2007.

17. Por último, en lo que se refiere al joven Giraldo Hincapié, el Grupo considera concluyentes los datos ofrecidos por la fuente respecto a su detención en agosto de 2006 y su incorporación por la fuerza al ejército en la base militar de Casabe. Aunque en su respuesta el Gobierno manifiesta no tener ningún tipo de información respecto a esta persona, la fuente aporta datos concretos respecto a la fecha de su detención y a su incorporación por la fuerza al ejército, respecto al batallón en el que sirve y respecto a su declaración de objeción de conciencia y a los motivos esgrimidos.

Las principales conclusiones a las que llega el grupo de estudio son las siguientes:

18. El Grupo de Trabajo considera que estas personas fueron detenidas y privadas de su libertad contra su voluntad para ser incorporados al ejército. Aunque el Grupo de Trabajo no puede determinar la duración de su detención ni cuándo ésta habría cesado, ya que una vez iniciado su servicio militar en el ejército no puede considerarse que estas personas estén detenidas, sí queda claro que fueron ingresados en las fuerzas armadas por medio de un acto violento de privación de su libertad.

El Grupo de Trabajo considera que si bien la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización establece en su artículo 42 sanciones a los omisos a la inscripción, al sorteo o al llamamiento y en general a aquellos que debidamente convocados al ingreso en el servicio militar no se presenten, dichas sanciones son exclusivamente de carácter pecuniario o multa. En ningún caso se autoriza el arresto, la detención y la incorporación al ejército contra la voluntad expresamente declarada.

La detención contra quienes se han declarado expresamente objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni base legal y su incorporación al ejército contra su voluntad es en clara violencia a sus postulados de conciencia, lo que puede vulnerar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No proveer espacio para el derecho a la objeción de conciencia puede ser una violación de dicho artículo. Tampoco tienen base legal ni sustento jurídico las prácticas de batidas, redadas o levas, con el objeto de detener en las calles y lugares públicos a los jóvenes que no pueden acreditar su situación militar.

24. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 (a) de sus métodos de trabajo, emite la siguiente opinión: La privación de libertad de que fueron víctimas los Sres. Estrada Marín, Giraldo Hincapié y González Duque fue arbitraria, ya que se dio en contravención del articulo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en lo que refiere a los Sres. Estrada Marín y Giraldo Hincapié, contravino también el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a la categoría I de las categorías aplicadas por el Grupo de Trabajo.

Lo que nos muestran estos registros documentales presentados, es que las llamadas redadas o batidas, o esos actos en los cuales los jóvenes son retenidos en las calles y trasladados a las guarniciones militares, constituyen actos de privación de la libertad, que configuran según los tratados internacionales detenciones arbitrarias, vulneradoras del artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Colombia y que cita:

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

En tal caso, ni siquiera las fuerzas militares reconocen la legalidad de estas actuaciones tal como se plantea en los apartes presentados, incluso niegan que se den estos actos, asunto que ha sido controvertido además de los casos que se presentan en este documento, por permanentes informes sobre la materia en todo el país.

Ahora, según lo propone el Mayor Bello Pedraza en declaración que se transcribe, la fuerzas militares lo que hacen es verificación de documentos; aspecto fácilmente desvirtuable, dado que en tratándose de una verificación bien podría hacerse en el mismo lugar en donde el joven se encuentre y de manera inmediata se le entrega la citación, para una verificación de documentos en ningún caso es necesario hacer una retención de una persona, máxime cuando la privación de la libertad es una excepción al principio de libertad y no la regla general como bien lo ha planteado el mismo pacto citado, y en tal caso sería una potestad de la policía y no del ejercito.

Una vez desarrollado el tema de las batidas y probado que constituye un abuso de las potestades de los militares, miremos el concepto de compeler.

LA POTESTAD DE COMPELER

Tal como se presentó en la definición inicial, el concepto de compeler es amplio y ambiguo, pero no puede ser objeto de interpretaciones abiertas, para las fuerzas militares, lo primero en mencionar es que por principio Constitucional las fuerzas militares como ningún funcionario del Estado puede hacer algo que no este expresamente permitido; por tanto el concepto de COMPELER debe de ser interpretado a la luz de los derechos humanos y no concebirse como una facultad que expresamente no esta planteada.

Entendemos en esta ley que el concepto de compeler, es decir, de obligar por la fuerza, debería de ser interpretado así: al acto mediante el cual se haga una correcta aplicación de la ley 48; y por tanto al procedimiento mediante el cual las fuerzas militares, salgan a las calles y entreguen citaciones a los jóvenes que no tienen resuelta su situación militar, y en caso de no cumplir la cita, se aplique la sanción que dispone la misma ley en su articulo 42; en este caso, consideramos que COMPELER, hace alusión a la implementación de las sanciones que dispone la misma ley, y en ningún caso dice la norma que la privación de la libertad es una de las sanciones para quienes no cumplen con un deber legal como el del SMO.

¿Cuál podría ser el argumento para estas privaciones de la libertad?; en ningún caso el incumplimiento de la obligación de la prestación del servicio militar configura un delito; simplemente es una falta, que tiene las sanciones pecuniarias expresas en la misma ley.

Como no es un delito, no puede privarse de la libertad a quien incurre en él; sino, implementar la sanción que cita la misma norma que además como se ha mencionado es de carácter administrativo, pues de lo contrario, se esta incurriendo en un abuso de la autoridad y en una extralimitación de funciones que si tiene implicaciones penales. La ley es clara, en términos penales, incluso en el CODIGO NACIONAL DE POLICIA [5] en mencionar que la privación de la libertad solo puede darse en dos casos; o por orden judicial y seria competencia de la policía, o por caso de flagrancia; o excepcionalmente hasta por 24 horas por una contravención o similar. No aparece expresa la privación por no resolver la situación militar.

Si se trata de una verificación de documentos como argumentan algunos militares, los jóvenes una vez atendida la verificación, se les hace la citación y deberían ser puestos de nuevo en libertad, pero no mantenidos en retensión como viene pasando; con el agravante de que el ejército para este caso no es autoridad judicial.

Es necesario atender aquí el principio de legalidad, y más cuando el sistema colombiano es un sistema fundado en la libertad y las garantías procesales. Al respecto transcribimos las sanciones que trae la ley 48:

Infracciones y sanciones

ARTICULO 41. Infractores. Son infractores los siguientes: a) Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos establecidos por la presente Ley;

b) Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos primeros exámenes de aptitud sicofísica en la fecha y hora señaladas por las autoridades de Reclutamiento;

c) Los que no concurran al sorteo sin causa justa;

d )Los que después de notificarse del acta de clasificación, no cancelen dentro de los treinta (30) días siguientes la cuota de compensación militar;

e) Los funcionarios del Servicio de Reclutamiento sea militar, civil o soldado que por acción y omisión no diere cumplimiento a las normas de la presente Ley:

f) Los que en cualquier forma traten de impedir que las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización cumplan con sus funciones;

g) Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento;

h) Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o reciban personas sin haber definido su situación militar, o que no reintegren en sus cargos previa solicitud a quienes terminen el servicio militar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su licenciamiento. (Nota: Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-406 de 1994.).

ARTICULO 42. Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones:

a) El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribiese reglamentariamente sin que sobre pase el valor correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de que el infractor sea incorporado al servicio militar, quedará exento del pago de la multa. Para los bachilleres, la multa se contabilizará a partir de la fecha en que se graduen como tales. (Nota: Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 511 de 1994.).

b) Los infractores de que tratan los literales b) y c) pagarán una multa, correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente;
c) El infractor de que trata el literal
d) será sancionado con multa del 25% sobre el valor decretado inicialmente como ordinario. Si no paga esta cuota extraordinaria será reclasificado y se incrementará en otro 25%; d ) Los infractores determinados en los literales e ) y f ) serán sancionados de acuerdo con las normas establecidas en las leyes penales o en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares; e) Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa; f) Los infractores contemplados en el literal h) serán sancionados con multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes, por cada ciudadano vinculado ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos cargos a partir de la vigencia de la presente Ley. (Nota: Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 406 de 1994.).

Nótese que en ningún caso, aparece la privación de la libertad; y no existe otro nombre al acto mediante el cual un joven, es parado por soldados, montado a un camión del ejercito, trasladado a un batallón y dejado allí por mas de un año; esto es un acto que vulnera lo que la misma ley de reclutamiento ha mencionado sobre el procedimiento.

Al máxime de la privación de la libertad se encuentra el numeral G que alude nuevamente al concepto de compeler, pero que esta vez le agrega la necesidad de que en este caso solo es posible hacerlo con los remisos, y previa orden impartida por autoridad competente, lo que requiere orden de autoridad, individualización de la persona, y que quien da la orden sea competente.

En este sentido, y comprendiendo el proceso de reclutamiento como un acto administrativo y por tanto objeto de las disposiciones legales administrativistas; las redadas o batidas son detenciones arbitrarias, y el concepto de compeler no es argumento o facultad para adelantar estos actos. El concepto de compilar que lo vienen utilizando algunos militares no existe en la legislación sobre reclutamiento.

Ahora bien, nuevamente Naciones Unidas, en el examen periódico que realizo a Colombia en materia de derechos humanos nuevamente se pronuncio sobre el tema de las batidas en su comentarios 22 citando:

22. El Comité nota con agrado la sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2009 que exhorta al Congreso para que éste regule la objeción de conciencia frente al servicio militar, lo cual denota un avance en la implementación de la recomendación anterior emitida por el Comité en 2004 (CCPR/CO/80/COL, párr. 17). Al Comité sin embargo le preocupa aún la falta de avances en realizar los cambios legislativos necesarios para reconocer la objeción de conciencia y también las practicas para comprobar quienes han realizado el servicio militar a través de batidas (Artículo 18).

El Estado parte debe, sin dilación, adoptar legislación que reconozca y regule la objeción de conciencia para permitir la opción por un servicio alternativo, sin que dicha opción genere efectos punitivos y revisar la práctica de batidas.

Punto en el que claramente se evidencia la irregularidad en la que incurre la fuerza pública al tener estas prácticas; siendo más gravoso aun, el silencio de las instituciones de control del estado como lo es la procuraduría y la defensoría del pueblo.

Es por ello que en esta ocasión se pretende hacer mención a la ley y mostrar como la protección de los derechos humanos exige además de las garantías para los objetores de conciencia al SMO, la suspensión de las batidas y la observancia de la ley 48.

PETICIONES

Con fundamento en los argumentos expuestos con anterioridad, hacemos las siguientes peticiones.

1. A las fuerzas militares: a que suspendan las batidas o redadas, o esos mecanismos de reclutamiento en las calles; y se limiten a verificación de documentos y citaciones.

Así como también, se suspenda el reclutamiento de los objetores de conciencia al servicio militar.

Que el personal de las fuerzas militares que haga esas verificaciones sea capacitado para ello.

Procuraduría: A que adelanten las investigaciones disciplinarias en contra de los militares que continúen haciendo estas actuaciones, incluso dadas las dificultades para recolectar las denuncias que las hagan oficio. Defensoría, administración Municipal: para que realice seguimiento a este caso tal complejo y adelante informe sobre la materia.

2. a las instituciones de derechos humanos del Estado, como la procuraduría, la defensoría y la personería, para que adelante las actuaciones pertinentes, investigaciones, informes y seguimiento a los casos que sean registrados en sus instalaciones o que sean iniciadas de oficio.

3. A las instituciones de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales para que hagan seguimiento a los casos que hay reportados y se reporten a futuro.

Febrero 2010
Red Juvenil de Medellín
Colectivo Quinto Mandamiento – Barrancabermeja

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Notas

[1] Este es el estatuto de reclutamiento por parte de las fuerzas militares de Colombia, y ha sido reglamentado por los decretos 2891 de 2002, el Decreto 2150 de 1995, Decreto 2048 de 1993; así como la sentencia C 511 de 1994 de la corte constitucional y la ley 548

[2] Para casos específicos de esto ver informe de la Red Juvenil de Medellín LOS SUEÑOS DE LOS JOVENES NO SE PUEDEN CAMUFLAR 2008; y documento de apoyo 09.

[3] Constitución Nacional, ARTÍCULO 230.— Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

[4] Citamos de manera especial el pronunciamiento de la instancia de Naciones Unidas dado que el estado colombiano a acogido en el bloque de constitucionalidad la protección de los derechos fundamentales, así lo menciona la constitución en el “ARTÍCULO 93.— Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

[5] ARTICULO 56. Nadie puede ser privado de la libertad sino: a) Previo mandamiento escrito de autoridad competente; y b) En el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. ARTICULO 57. Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley ARTICULO 58. Cualquiera puede ser aprehendido por la policía y privado momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la autoridad que ha ordenado su comparecencia. ARTICULO 59. La petición de captura no puede hacerse sin el previo mandamiento escrito que conste en resolución, auto o sentencia. Esta petición debe firmarla la misma autoridad que suscribió el mandamiento.

 
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