La mano negra

Sábado 26 de marzo de 2011, de Daniel Coronell

OPINIÓN - El asesinato de la juez Constanza Gaona no es la única circunstancia extraña que envuelve el proceso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz. El oficial, acusado de violar a dos niñas de 13 y 14 años y de asesinar a una de ellas y a sus dos hermanos menores, tiene gente poderosa empeñada en su defensa. Millonarios recursos públicos se han usado en una estrategia engañosa que busca el vencimiento de los términos y el desprestigio de víctimas, familiares y testigos.

Demil no explica por qué —con los aportes de militares que entregan un porcentaje de su sueldo— pagan la defensa de Muñoz, cuando están expresamente excluidos los delitos sexuales.

Hace unas semanas, un helicóptero militar aterrizó cerca del lugar donde fueron asesinados los niños. De la nave descendieron cuatro civiles escoltados por un grupo de militares fuertemente armados. Varios habitantes de las veredas Caño Caname y Caño Temblador aseguran que los escoltados les dijeron que eran miembros de la Defensoría del Pueblo que habían viajado desde Bogotá.

Preguntaban sobre el asesinato de los tres niños en un tono que les pareció agresivo a algunos de los lugareños. Al interrogatorio, ilegal a todas luces, también fue sometida la madre de una niña de 13 años, la misma niña que denunció que el subteniente Muñoz la violó en octubre del año pasado. La niña abusada sobrevivió y pudo identificar plenamente a su agresor.

Los presuntos miembros de la Defensoría del Pueblo grabaron y filmaron esas declaraciones sin autorización alguna de los interrogados. Después, abordaron la aeronave y desaparecieron en el cielo.

Cuando le preguntaron al defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, por los motivos de la irregular diligencia quedó asombrado. Los civiles no eran funcionarios de la Defensoría. Alguien los había suplantado.

El defensor pidió establecer la identidad de los impostores y la respuesta no demoró. Vino del comandante de la Brigada 18 del Ejército, con sede en Arauca. (Ver)

El general Jaime Reyes Bretón le informó a la defensora del Pueblo regional que evidentemente le había prestado seguridad a una "comisión de la Defensoría Penal Militar", de la que hacían parte la "defensa y los investigadores criminalísticos", y también dijo que "la Brigada 18 ha colaborado con las instituciones que se lo han pedido para ir al lugar".

La Defensoría Militar Integral (Demil) -como es su verdadero nombre- no es una institución pública sino una entidad privada. (Ver Concepto). Sin embargo, y sin que hasta ahora haya sido posible una explicación, usa instalaciones y elementos del Estado.

Una hora de vuelo de un helicóptero militar les cuesta a los contribuyentes alrededor de cuatro mil dólares. ¿Por qué tenemos que pagar los colombianos un desplazamiento para una operación irregular al servicio de la defensa del subteniente Muñoz?

Una interesante pregunta para la Contraloría y para la Procuraduría, que no se han pronunciado sobre estos abusos.

Demil tampoco explica por qué -con los aportes de miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo- paga la defensa de Muñoz, sindicado de homicidio múltiple agravado y acceso carnal violento con menores, cuando en los acuerdos de afiliación y en su página de Internet están expresamente excluidos los delitos sexuales. (Ver)

Pero además, la acuciosa politóloga y columnista Laura Gil descubrió algo revelador en la página oficial del Ejército. La Defensa Militar Integral figura allí como una dirección de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional de Colombia. ¿Entonces, Demil es o no parte del Ejército? (Ver)

La juez asesinada (quien, dicho sea de paso, no llevaba procesos por narcotráfico porque era juez del circuito y no especializada) denunció las maniobras dilatorias de abogados de Demil para sacar de la cárcel al subteniente Muñoz alegando vencimiento de términos. (Audio)

Al menos una de esas abogadas estuvo a bordo del helicóptero que facilitó la operación de toma ilegal de testimonios suplantando a la Defensoría del Pueblo.

Al mismo tiempo, se conocen amenazas contra el padre de los niños asesinados, contra los abogados que han asumido la representación de esa familia, y uno de los testigos del caso resulta, de la noche a la mañana, implicado en un proceso por rebelión.

Tomado de: www.semana.com

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